Medidas del plan de vivienda propuestas por el Gobierno

El Gobierno ha anunciado la puesta en marcha de 12 nuevas medidas destinadas a proporcionar a la ciudadanía más vivienda, mejor regulación y más ayudas.

El acceso a la vivienda, un tema que afecta a millones de ciudadanos, se convierte en el eje central del último paquete de medidas anunciado por el Gobierno. Durante el foro "Vivienda, quinto pilar del Estado del bienestar", el presidente Pedro Sánchez presentó un conjunto de 12 iniciativas que buscan transformar el panorama habitacional del país. Estas medidas, articuladas en torno a tres pilares -más vivienda, mejor regulación y mayores ayudas-, pretenden garantizar el derecho a una vivienda asequible y digna.

El presidente subrayó que España cuenta con un escaso 2,5% de vivienda pública frente a cifras mucho más elevadas en países como Francia (14%) o Países Bajos (34%). Ante esta situación crítica, marcada por una subida del 48% en los precios de la vivienda en la última década, el Gobierno busca evitar que el mercado inmobiliario perpetúe una división social entre propietarios acomodados e inquilinos precarizados.

El mercado inmobiliario en España se encuentra en una situación de desigualdad histórica, donde el acceso a una vivienda digna ha dejado de ser un derecho garantizado para convertirse en un lujo. Esto se agrava por la especulación inmobiliaria, el incremento desproporcionado en los precios y la falta de políticas de vivienda estables en las últimas décadas. La vivienda pública, que debería funcionar como un pilar del bienestar social, ha quedado relegada a un mínimo exiguo del 2,5% del parque inmobiliario total, comparado con modelos europeos mucho más sólidos. Por ello, las medidas anunciadas buscan no solo abordar la emergencia actual, sino también sentar las bases para un cambio estructural.

Principales medidas anunciadas

1. Creación de la Empresa Pública de Vivienda: Transferencia inmediata de 13.000 viviendas de la SAREB y casi dos millones de metros cuadrados de suelo para el desarrollo de vivienda protegida. Se prevé incorporar otras 17.000 viviendas en el mediano plazo.
2. Prioridad de compra por parte del Estado: La nueva Empresa Pública tendrá preferencia en la adquisición de viviendas y suelos, asegurando que se mantengan en manos públicas.
3. Blindaje de vivienda protegida: Legislación que garantizará que las viviendas construidas con fondos públicos no puedan ser vendidas a especuladores o fondos buitre.
4. Lanzamiento del PERTE de Viviendas: Proyecto estratégico en Valencia para impulsar la construcción industrializada y modular, reduciendo costos y tiempos de ejecución.
5. Garantías públicas en alquileres asequibles: Sistema inspirado en el modelo francés que protegerá tanto a propietarios como a inquilinos, comenzando con menores de 35 años.
6. Rehabilitación de viviendas vacías: Este programa permitirá la recuperación de miles de viviendas actualmente desocupadas, con incentivos para propietarios que las pongan en alquiler durante un período mínimo de cinco años.
7. Exención fiscal del 100% en el IRPF: Beneficio para propietarios que alquilen a precios regulados según el Índice de Precios de Referencia.
8. Revisión fiscal de viviendas turísticas: Consideración de estas propiedades como negocios, con tributación equiparada a actividades económicas.
9. Reforma de ventajas fiscales para SOCIMIS: Incentivos condicionados exclusivamente a la promoción de vivienda en alquiler asequible.
10. Limitación de compras extranjeras: Gravamen del 100% para no residentes extracomunitarios que adquieran viviendas, siguiendo modelos de Dinamarca y Canadá.
11. Endurecimiento contra fraudes en alquileres de temporada: La creación de un fondo específico permitirá a los gobiernos regionales y locales reforzar la supervisión del mercado de alquiler turístico, eliminando prácticas fraudulentas que encarecen los precios para los residentes.
12. Nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026: Incremento de ayudas para jóvenes, mayores, personas con discapacidad y residentes en zonas degradadas.

Todas estas medidas se acompañarán con la reforma de la Ley del suelo, actualmente en trámite  parlamentario, que facilitará la reducción de burocracia, acelerará los procesos de construcción y ampliará la disponibilidad de suelo para la construcción privada.

A pesar de lo ambicioso del plan, persisten retos significativos. La implementación efectiva de estas medidas requiere una coordinación estrecha entre el Gobierno central, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. También será crucial superar posibles resistencias del sector privado, especialmente en lo referente a las nuevas fiscalidades para viviendas turísticas y compras extranjeras.

Por otro lado, el éxito de iniciativas como el PERTE de Viviendas dependerá de la capacidad de España para desarrollar tecnologías de construcción avanzadas y fomentar la formación de una fuerza laboral adaptada a estas innovaciones.

Cuadro resumen de las 12 medidas

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